Clínica Jurídica IBERO Puebla exige acceso a la justicia por el feminicidio de Araceli Vázquez
La Clínica Jurídica de la IBERO Puebla exige al Estado mexicano reconocer la deuda de justicia con la familia de Araceli Vázquez Barranco
IBERO PUEBLA
Más de doce años después de su asesinato, el caso de Araceli Vázquez Barranco sigue sin resolverse con perspectiva de género. La Clínica J1urídica Minerva Calderón (CJMC) de la IBERO Puebla exige al Estado mexicano reconocer la deuda de justicia con su familia y ampliar el concepto de violencia feminicida en el marco de la iniciativa de Ley General de Feminicidio enviada al Congreso.
Los hechos: un feminicidio recalificado como homicidio
El 13 de noviembre de 2013, Araceli Vázquez Barranco fue asesinada por su expareja, Javier Mauricio, en su propio domicilio. Desde entonces, su madre, Amada Barranco Barranco, ha enfrentado un sistema que, según la Clínica Jurídica, invisibiliza y maltrata a las víctimas.
En junio de 2023, el agresor fue detenido y en febrero de 2024 sentenciado a 35 años de prisión por feminicidio. Sin embargo, tras apelar la sentencia, la Cuarta Sala Colegiada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla recalificó el delito a homicidio, reduciendo la condena a 27 años y 6 meses, argumentando falta de pruebas sobre acoso y afectación psicológica previa.
El amparo que no resolvió nada
Con el apoyo de la CJMC, la señora Amada presentó un amparo directo contra esa resolución. El Tercer Tribunal Colegiado le otorgó el amparo, pero «para efectos»: en lugar de confirmar el feminicidio, ordenó la reapertura del proceso para practicar más pruebas periciales.
Para la familia, esto significa volver a narrar los hechos más de una década después — una forma de violencia institucional que la hermana de Araceli, Alma Delia Vázquez Barranco, describió con dolor:
«Lo que yo pido es que se haga justicia para mi hermana.» — Alma Delia Vázquez Barranco, hermana de Araceli
Y la madre de Araceli fue igual de directa:
«Si la SCJN hubiera revisado mi caso, nos hubiera evitado tanto a mí, mis hijas y mis nietos revivir lo que hemos vivido durante 12 años.» — Amada Barranco Barranco, madre de Araceli
La SCJN cerró la puerta
La Clínica Jurídica presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que lo desechó al considerar que el caso carecía de relevancia constitucional e interés excepcional. Con esa decisión, el Máximo Tribunal eliminó la posibilidad de examinar si el caso fue juzgado con perspectiva de género e interseccionalidad.
El coordinador de la CJMC, Simón Hernández León, señaló la contradicción jurídica que subyace al caso:
«¿Cómo acredito yo el sufrimiento de una persona que desafortunadamente ha fallecido? ¿Por qué ese elemento tenía que ser condicionante para acreditar el feminicidio?» — Simón Hernández León, coordinador de la CJMC
El problema de fondo: la carga probatoria desproporcionada
Hernández León explicó que el caso de Araceli abre un debate jurídico mayor: la definición de violencia psicológica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia exige demostrar que la víctima vivía con depresión, aislamiento o devaluación de su autoestima — una carga probatoria que resulta imposible de cumplir cuando la víctima ha fallecido.
Alerta sobre la nueva Ley General de Feminicidio
En marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio, que busca homologar el tipo penal a nivel nacional y establecer 21 agravantes.
Sin embargo, la CJMC advierte un retroceso en la propuesta. María Fernanda Santos de la Rosa, responsable de Acceso a la Justicia en la Clínica, alertó:
«Advertimos que se retira el concepto de ‘impunidad’. Ya no se coloca como una característica para definir la violencia feminicida y eso puede llevar a regresividad.» — María Fernanda Santos de la Rosa, CJMC IBERO Puebla
El llamado de la IBERO Puebla
La Clínica Jurídica Minerva Calderón exige a las autoridades federales, estatales y municipales adoptar una mirada expansiva sobre la violencia feminicida: esta no termina el día del crimen, sino que es continua y permanente mientras persista la impunidad.
El caso de Araceli Vázquez Barranco —como el de Minerva Calderón Hernández, asesinada en marzo de 2017 y también acompañada por la CJMC— aguarda una reparación que el sistema de justicia mexicano aún no ha sido capaz de garantizar.
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