18 de noviembre de 2026
El Confesor_ La herencia de Puebla (1)

La disputa de Olga Lucía Romero Garci-Crespo por la herencia de Socorro Romero Sánchez dejó de ser un asunto exclusivamente familiar. Los señalamientos de restricciones sobre propiedades, intentos de bloquear cuentas empresariales y actuaciones contra bienes de terceros extendieron el conflicto hasta una pregunta que importa a todo Puebla: qué tan seguro está un patrimonio cuando enfrente aparece alguien con influencia política.

Monina llegó a esa posición bajo el cobijo de Miguel Barbosa Huerta. Su respaldo le abrió espacios y contribuyó a construir una carrera que terminó entrelazada con el litigio sucesorio. Desde entonces, la controversia acumuló investigaciones ministeriales, procedimientos penales y decisiones judiciales cuyo costo rebasa los intereses de quienes se disputan la herencia.

Uno de los antecedentes más reveladores es la carpeta 003 de la ORPI, relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita. La familia Celis denunció que mediante esa investigación se pretendió construir una acusación de lavado de dinero alrededor de bienes recibidos por herencia. Según los antecedentes proporcionados por los afectados, la investigación terminó cerrándose después de una intervención federal.

Recibir una herencia no demuestra, por sí mismo, el origen ilícito de los bienes. La inconformidad de una persona con el reparto tampoco sustituye las pruebas necesarias para sostener una acusación penal.

El problema se amplía con SRS. Los afectados han señalado restricciones sobre inmuebles vinculados con esa empresa e intentos de bloquear sus cuentas mediante actuaciones relacionadas con la controversia sucesoria. Su denuncia plantea una distinción fundamental: el patrimonio de una sociedad mercantil tiene identidad propia y no se confunde automáticamente con los bienes hereditarios de sus accionistas.

Detrás de una cuenta empresarial hay salarios, proveedores, impuestos y operaciones que deben cumplirse. La amenaza de inmovilizar recursos alcanza a trabajadores que jamás participaron en el pleito y a compromisos comerciales que no pueden esperar a que una familia termine de litigar.

Puebla presume condiciones para atraer inversiones. Esa promesa pierde fuerza cuando sus instituciones enfrentan cuestionamientos por actuaciones capaces de comprometer la operación de empresas productivas en medio de disputas particulares. La seguridad jurídica se demuestra precisamente cuando protegerla incomoda a alguien poderoso.

También aparecen bienes vinculados con Gustavo Romero que, según los antecedentes del conflicto, fueron alcanzados por restricciones pese a que su situación patrimonial debía examinarse por separado. Monina ha presumido cercanía con su tío Gustavo, identificado en esos antecedentes como socio de su difunto padre. Esa relación familiar y empresarial vuelve especialmente incómodo explicar cómo propiedades vinculadas con él terminaron dentro del conflicto. También deja abierta la pregunta sobre los derechos patrimoniales derivados de aquella sociedad y su distribución.

El parentesco merece la misma claridad cuando sirve para construir una imagen pública que cuando se discuten sus consecuencias económicas.

La controversia llega, además, a la administración judicial. Bajo la presidencia de Pedro Antonio Martínez Hernández, el llamado «niño genio» del Consejo de la Judicatura, se realizaron movimientos de jueces en Tehuacán. En ese contexto surgieron señalamientos de presiones e instrucciones transmitidas por administradores, entre cuyos nombres aparecen José Guillermo Valdez Luna y Marisol Mora Pérez.

Las publicaciones sobre esas presuntas interferencias también han referido ofrecimientos de beneficios políticos y económicos. El descrédito institucional crece cuando las explicaciones sobre las actuaciones concretas quedan pendientes y los afectados deben acudir a tribunales federales para obtener correcciones.

Una de ellas llegó el 11 de noviembre de 2026.

Al resolver los amparos 515/2026 y 516/2026 acumulados, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Puebla determinó que la acción penal por fraude genérico estaba prescrita respecto de Miguel Ángel Celis Romero.

La cronología es contundente. La sentencia recoge antecedentes de conocimiento de Olga desde 2013 y establece que el 7 de julio de 2016 adquirió legitimación para formular la querella al aceptar el cargo de albacea. La presentó el 2 de septiembre de 2025: nueve años después.

El juzgado rechazó utilizar un dictamen de septiembre de 2021 para desplazar el inicio del cómputo y desestimó la construcción de un supuesto fraude continuado hasta abril de 2025. Ordenó dejar sin efecto la vinculación de Miguel Ángel, reconocer la prescripción y dictar la no vinculación a proceso.

La Fiscalía tenía los antecedentes. El juez de control debía examinar las fechas. El procedimiento avanzó.

Mientras tanto, Estela Romero Bringas fue detenida en abril de 2026, a los 85 años, cuando utilizaba silla de ruedas y necesitaba oxígeno. Su familia denunció afectaciones a su salud por las condiciones del operativo y del traslado. Murió el 26 de septiembre sin obtener una resolución de fondo sobre su amparo, que terminó sobreseído por el fallecimiento.

Idamis Pastor tiene pendientes las explicaciones sobre esa investigación y las condiciones de aquella actuación. La administración judicial, las relativas a sus decisiones e intervenciones. La salida de Monina de la dirigencia de Morena no cancela ninguna de esas obligaciones.

Ella puede continuar litigando los derechos que considere suyos. Las instituciones deben responder por el trato que dieron a su disputa y por las consecuencias que alcanzaron a personas, empresas y patrimonios.

La herencia todavía tiene beneficiarios en disputa. El descrédito de la justicia ya tiene perjudicados: todos los poblanos.

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Ismael Bermejo

Ismael Bermejo

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Ismael Bermejo periodista y comunicador con más de 35 años de trayectoria en los medios de comunicación poblanos y en áreas de comunicación social gubernamental. A lo largo de su carrera ha consolidado un estilo propio, analítico y de investigación, con especial enfoque en la cobertura de temas políticos y estrategias de comunicación pública. Su experiencia atraviesa distintas etapas del periodismo regional, lo que lo posiciona como una voz con profundo conocimiento del ecosistema informativo y político de Puebla.