🔥 Morena contra Morena en Tehuacán

Por Ismael Bermejo

Al interior de El Confesionario hay muchas voces que comentan lo que está ocurriendo en Tehuacán con miras a 2027. Y en lo que todos coinciden es en una palabra clave: la ambición.

A estas alturas, es evidente que en este municipio no todos los aspirantes de Morena están respetando el Estado de derecho.

Para nadie es desconocido que en Tehuacán los conflictos de alto valor dejaron de ser litigios familiares para convertirse en verdaderas disputas de poder.

Veamos: la defensa de la familia del “Animal” se fracturó y tomó rutas distintas. En ese contexto, doña Estela Romero optó por incorporar a su equipo a un abogado mediático, cercano al obradorismo y con vínculos con Morena nacional. Esta decisión no es menor, pues representa una afrenta directa a la dirigencia estatal del partido, que hoy evidencia una falta de respaldo político real.

Lo cierto es que una mujer de 85 años, con salud deteriorada, está enfrentando el peso del aparato institucional en un escenario que debió manejarse con técnica, no con protagonismo.

Quienes apostaron por la estrategia de la aprehensión se equivocaron, al privilegiar un perfil mediático sobre la capacidad procesal. El abogado llegó con una lógica de imposición, sobredimensionando su influencia y subestimando el entorno local. Apostó por la narrativa, por el impacto mediático y por construir una percepción de control antes de consolidar una estrategia jurídica sólida.

En materia penal, ese error es estructural: el discurso no sustituye la prueba.

La promoción personal en medios regionales, enfocada en su imagen y supuestos logros, terminó evidenciando una prioridad clara: alimentar el ego antes que defender el caso.

Mientras tanto, el fondo del asunto sigue intacto: una disputa por una herencia que, hasta ahora, no le corresponde a quien pretende capitalizarla.

La audiencia del 15 de abril marcó un punto de inflexión. Hubo vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y un plazo de tres meses para investigación complementaria. La retórica altanera no modificó un solo criterio judicial; por el contrario, la defensa fue sancionada por alterar el orden.

El episodio del llamado “abogado pintor”, detenido por disturbios mientras defendía la narrativa del “Animal”, confirma el desorden estratégico. Salió libre minutos después, sí, pero el daño ya estaba hecho.

En términos claros: el debut del supuesto operador no fue un golpe de autoridad, sino un error táctico con costo jurídico. De esos errores que no se corrigen pagando publicaciones en redes sociales.

El escenario que sigue es de alto riesgo. La Fiscalía está obligada a sostener técnicamente su carpeta y evitar vicios estructurales. La defensa, por su parte, deberá demostrar que puede litigar con fondo y no solo con exposición.

El precedente es claro: cuando la construcción jurídica es débil, el propio sistema la corrige. Ya existen resoluciones federales que han evidenciado fallas en la justificación de medidas procesales, lo que obliga a mayor rigor técnico en cada actuación.

El mensaje del Poder Judicial, por ahora, es firme: no hay margen para presiones ni atajos.

Pero eso no define el resultado.

Lo que viene es la etapa donde el expediente pesa más que el discurso, donde la técnica supera al ruido y donde se determinará quién tiene el control real del caso.

Al fondo, el dato político es contundente: un operador vinculado a Morena nacional litigando contra la propia estructura estatal del partido. Morena contra Morena.

De un lado, las alianzas federales; del otro, el uso del aparato local, como se evidenció en el operativo de detención en el que participaron fuerzas estatales y federales para asegurar a personas de edad avanzada, una de ellas en silla de ruedas. El contraste es difícil de justificar.

Tehuacán empieza a perfilarse como algo más que un caso penal. Se está convirtiendo en el punto donde la ambición económica, el abuso de poder y la falta de control político convergen.

Y en ese escenario, lo que también está en juego es el desgaste —y eventualmente el costo político— de una dirigencia estatal que no ha logrado sostener ni el respaldo interno ni la legitimidad pública.

Aquí, el expediente no solo define responsabilidades penales.

También empieza a escribir el cierre de una carrera política.