El poder, la calle y el botín

Por Ismael Bermejo

En El Confesor lo hemos dicho una y otra vez: en Puebla la justicia dejó de ser un proceso… para convertirse en un instrumento.

Aquí ya no se litiga, se presiona.
Ya no se argumenta, se moviliza.

Y en ese terreno, el llamado “animal de Tehuacán” vuelve a demostrar que el poder no siempre se ejerce desde la ley, sino desde la calle.

La reaparición de Violeta Lagunes no es casualidad. Es mensaje.
Una manifestación más frente a la Fiscalía en Puebla capital tampoco es espontánea. Es operación.

Y cuando hay operación, hay interés.

La narrativa que intentan posicionar es sencilla: abuso de autoridad, detención excesiva, un Estado rebasado.
Dos adultos mayores detenidos con despliegue de Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía, con una carpeta armada en tiempo récord.

La imagen indigna. La imagen pega.
Pero también manipula.

Porque en Puebla la indignación no nace sola… se construye. Y aquí alguien la está construyendo con precisión quirúrgica.

Detrás de la protesta hay algo más que enojo.
Hay estructura. Hay agenda. Hay cálculo.

Una abogada que quiere reflectores, un diputado que necesita bandera… y un interno que, desde prisión, sigue operando.

Sí, operando.

Cerrar carreteras, bloquear invernaderos, paralizar Tehuacán y ahora presionar directamente en Puebla capital no es cosa menor. Es poder. Y es poder real.

Mientras afuera se grita persecución política, adentro del penal de San Miguel se respira otra cosa: privilegios.

Trato especial.
Logística permanente.
Visitas sin límite.

Condiciones que rompen cualquier lógica penitenciaria.

El discurso no cuadra.
Víctima en la calle… operador en el penal.

Y en esa contradicción está la clave de todo.

En medio del conflicto aparece la presidenta de Morena, Olga Lucía “Monina” Garci-Crespo.
No como espectadora, sino como protagonista.

Lo que hoy ocurre no es casualidad. Es consecuencia.

Consecuencia de decisiones, de ambición… y de una forma de ejercer el poder donde lo político se mezcla peligrosamente con lo económico.

Porque aquí no hay que engañarse: esto no es ideología.
Esto es dinero.

Es una fortuna en disputa.

Pero el punto más delicado no está en la calle ni en la política. Está en el Estado.

Porque en medio de este conflicto está Estela Romero, una mujer de 85 años, con salud frágil, cuya detención no solo fue cuestionable… fue irresponsable.

El oxígeno no llegó a tiempo.
Los medicamentos se retrasaron.
El criterio… simplemente no apareció.

Y cuando el Estado tiene bajo su custodia a una persona en esas condiciones, no hay margen de error.

Aquí se cruzó una línea.

Porque el Estado puede investigar, puede detener, puede procesar…
pero no puede poner en riesgo la vida de quien está bajo su responsabilidad.

Cuando eso pasa, deja de ser autoridad… y se convierte en negligencia.

Lo que hoy vive Puebla no es un caso aislado.
Es un choque de poderes.

Tribunales, calle y política disputándose una narrativa que, en el fondo, tiene un solo objetivo: quedarse con el botín.

Y cuando la justicia entra en esa lógica, deja de ser justicia.

Se vuelve herramienta.
Se vuelve presión.
Se vuelve negocio.

Ese es el verdadero fondo.

No quién tiene la razón…
sino quién está usando el sistema para imponerse.

Porque en Puebla, hoy, la justicia no se imparte…se usa.