El enjambre comienza a zumbar en Tehuacán
Cuando las palabras Operativo Enjambre y Unidad de Inteligencia Financiera comienzan a escucharse en una misma conversación, algunos empresarios dejan de oír abejas y empiezan a escuchar congelamientos de cuentas.
El enjambre comienza a zumbar en Tehuacán
Cuando las palabras Operativo Enjambre y Unidad de Inteligencia Financiera comienzan a escucharse en una misma conversación, algunos empresarios dejan de oír abejas y empiezan a escuchar congelamientos de cuentas.
El Operativo Enjambre ya alcanzó Puebla. En Esperanza fueron detenidos el presidente municipal morenista y otros servidores públicos por presuntos vínculos con una red dedicada al robo de transporte de carga.
Y ahora todo indica que su siguiente destino será Tehuacán, aún no llega el operativo pero el zumbido ya llegó.
Tehuacán posee una economía fuerte, empresas construidas durante décadas y empresarios cuyo patrimonio tiene historia, empleos, instalaciones y registros.
También ha presenciado, durante los últimos años, el crecimiento sorprendente de nuevos ricos cuyos capitales parecen madurar más rápido que un aguacate.
Personas que pasaron de no traer un peso en la bolsa a presentarse como empresarios; de pequeños talleres a múltiples negocios; de mecánicos a propietarios de clubes deportivos, vehículos de lujo y escoltas.
Todo puede tener una explicación legal.
Entonces que la expliquen.
La ruta del dinero no se sigue con rumores, sino con declaraciones fiscales, sociedades mercantiles, compraventas, contratos, depósitos y beneficiarios reales. La UIF no investiga fotografías de autos ni publicaciones en redes sociales: investiga si el patrimonio declarado coincide con el dinero que circula.
En la conversación política de Tehuacán aparecen los nombres de Emilio Serrano y Arturo Osorio.
Ellos buscan intervenir en la vida pública, y si es así, tendrán que aceptar preguntas sobre sus negocios, relaciones, crecimiento patrimonial y posibles intereses políticos.
Más por su cercanía con el esposo de Olga Romero.
Porque Olga no solamente dirige Morena en Puebla; también pretende convertirse en candidata a la presidencia municipal de Tehuacán.
Por eso cualquier vínculo de su entorno familiar con empresarios cuestionados deja de ser un asunto estrictamente privado.
Más cuando circulan versiones sobre la venta reciente de activos y movimientos patrimoniales de algunos de estos personajes. Vender propiedades o negocios no constituye un delito. El problema comienza cuando las operaciones coinciden con rumores sobre investigaciones.
¿Están reorganizando empresas o preparándose para una revisión?
La respuesta debe salir de los documentos.
El otro problema está dentro de Morena.
El partido presume filtros para impedir que personajes relacionados con actividades criminales lleguen a sus candidaturas. La pregunta es si esos filtros revisan solamente al aspirante o también a quienes financian, operan, acompañan y se benefician de su proyecto.
Alrededor de la familia de Olga circulan versiones sobre relaciones personales y empresariales con entornos donde habrían aparecido investigaciones por narcomenudeo, trata de personas y casas de juego clandestinas.
Esos señalamientos son demasiado graves como para que Morena finja que no existen.
Una relación sentimental no transmite responsabilidades penales. Una amistad tampoco convierte automáticamente a nadie en delincuente.
Pero cuando esas relaciones se mezclan con candidaturas, dinero, negocios y acceso al poder, el partido tiene la obligación de revisar antes de repartir una boleta.
Olga Romero quiere gobernar Tehuacán. Antes deberá explicar quiénes integran su círculo, quiénes impulsan su proyecto y de dónde salen los recursos que se mueven alrededor de su aspiración.
Quizá el Operativo Enjambre todavía no llega a Tehuacán.
Quizá la UIF tampoco ha tocado ninguna puerta.
Lo inquietante para algunos nuevos empresarios es que ambas instituciones saben seguir rutas.
Y el dinero, por más vehículos, negocios o candidaturas que compre, siempre deja huellas.
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