Por Ismael Bermejo

En el Confesionario hay voces que no quieren quedarse calladas ante una realidad que se vive en todo el país, en donde la entidad no es ajena, y que tiene que ver con la justicia que parece tener dos velocidades.

Una desesperadamente lenta para el ciudadano común, ese que pasa años entre expedientes empolvados, denuncias olvidadas y ministerios públicos que siempre encuentran un nuevo pretexto para no avanzar.

Y otra velocidad brutalmente eficiente cuando el asunto toca intereses políticos, venganzas personales o personajes conectados al poder.

La diferencia ya no es casualidad.

Empieza a parecer sistema.

Mientras miles de poblanos enfrentan un rezago escandaloso en la Fiscalía General del Estado —carpetas detenidas, investigaciones congeladas, víctimas abandonadas y audiencias diferidas eternamente— hay casos que de pronto reciben trato VIP institucional.

Órdenes de cateo rápidas.

Mandamientos judiciales exprés.

Operativos espectaculares.

Movilización de fuerzas federales.

Todo funcionando como reloj suizo.

El problema no es que la Fiscalía actúe rápido.

El problema es preguntarse por qué sólo actúa rápido cuando aparentemente conviene a alguien.

Y el caso reciente de Estela Romero Bringas abrió precisamente esa conversación incómoda.

Porque Puebla observó atónita un megaoperativo digno de la captura de un líder criminal de alta peligrosidad. Marina. Ejército. Ministerios Públicos. Policías estatales. Cierres viales. Despliegue táctico. Cateo. Orden de aprehensión.

¿El objetivo?

Una mujer de más de 80 años. En silla de ruedas. Con graves problemas de salud.

La imagen fue demoledora.

Porque mientras cientos de víctimas llevan años esperando justicia, la maquinaria institucional se movió con velocidad quirúrgica contra una anciana cuyo expediente —según versiones cercanas al caso— incluso habría sido archivado anteriormente en más de una ocasión.

Y ahí es donde empiezan las preguntas que incomodan a la Fiscalía encabezada por Idamis Pastor Betancourt.

¿Cómo un procedimiento que normalmente tarda meses o años logró ejecutarse con semejante rapidez?

¿Por qué se utilizó una Fiscalía Especializada que presuntamente ni siquiera tendría competencia directa sobre el tema?

¿Quién dio la instrucción de convertir una detención en un espectáculo político y mediático?

Porque lo ocurrido ya no parece únicamente un asunto jurídico.

Parece una demostración de poder.

Y detrás del caso aparece otro nombre que empieza a mencionarse cada vez más fuerte en los círculos políticos poblanos: Olga Lucía Romero Garci-Crespo.

Las versiones que circulan señalan presuntas presiones, influencia política y utilización institucional para reactivar un asunto que convenientemente se aceleró en tiempos políticamente delicados.

Si eso resulta cierto, el problema ya no sería sólo judicial.

Sería político.

Y extremadamente grave.

Porque entonces la Fiscalía dejaría de actuar como órgano autónomo de procuración de justicia para convertirse en herramienta de disputas personales, fobias políticas y ambiciones electorales.

Justicia selectiva.

Justicia por encargo.

Justicia para quienes tienen línea directa con el poder.

Pero quizá lo más delicado ni siquiera está en el operativo.

Está en lo que ocurrió después.

Fuentes cercanas a Estela Romero aseguran que desde el momento de su detención —alrededor de las 12 del día— fue privada durante horas de oxígeno y medicamentos indispensables para su estado de salud, recibiéndolos presuntamente hasta entrada la noche.

Si eso se confirma, el caso podría escalar todavía más.

Porque entonces no sólo hablaríamos de posible abuso de poder.

Hablaríamos de violaciones graves a derechos humanos.

Y ahí también aparece otra institución obligada a responder: la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

Más aún cuando, según asistentes a la audiencia, el propio juez habría tenido que decretar recesos para procurar la estabilidad médica de la señora debido al deterioro físico evidente y problemas de oxigenación que pusieron en riesgo su integridad.

La escena retrata algo profundamente perturbador.

Todo el aparato del Estado desplegado contra una mujer enferma y de edad avanzada.

Como si Puebla enfrentara una amenaza criminal extraordinaria.

Como si no existieran desaparecidos, feminicidas, secuestradores, extorsionadores y delincuentes de alta peligrosidad cuyos expedientes sí duermen eternamente en los escritorios ministeriales.

Y entonces regresa inevitablemente la pregunta que hoy empieza a crecer en Puebla:

¿La Fiscalía persigue delitos… o ejecuta intereses?

Porque mientras el discurso oficial habla de legalidad, autonomía y combate a la corrupción, los hechos parecen contar otra historia: una donde la justicia avanza dependiendo del apellido involucrado, del peso político detrás del expediente o de quién tiene acceso al teléfono correcto.

Lo más delicado para Morena es que este tipo de episodios empiezan a golpear directamente el discurso moral que llevó al movimiento al poder.

Porque el ciudadano podrá tolerar muchas cosas.

Lo que difícilmente perdona es ver instituciones utilizadas para ajustes personales.

Y más cuando quienes aparecen alrededor del caso tienen aspiraciones políticas futuras.

Porque entonces el mensaje se vuelve devastador:

el poder ya no se usa para gobernar.

Se usa para cobrar cuentas.

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