La herencia que tocó tres gobiernos
Hay litigios que se resuelven en los tribunales y otros que, después de cada derrota, encuentran una oficina distinta donde volver a comenzar.
Hay litigios que se resuelven en los tribunales y otros que, después de cada derrota, encuentran una oficina distinta donde volver a comenzar.
La disputa por la herencia de Socorro Romero parece pertenecer al segundo grupo.
Han transcurrido más de doce años entre juicios civiles, sucesiones, carpetas penales, amparos, actuaciones notariales, medidas de aseguramiento y órdenes de aprehensión. Cambiaron los expedientes, las autoridades y hasta los gobiernos, pero el objetivo permaneció intacto.
En el centro aparece Olga Lucía Romero Garci-Crespo.
Los apodos, las caricaturas y las versiones familiares pueden generar ruido, pero lo verdaderamente importante está en los documentos. La cronología plantea preguntas que no pueden ser respondidas con propaganda ni descalificaciones personales.
Socorro Romero Sánchez otorgó testamento el 2 de diciembre de 2009 y falleció dos días después. Años más tarde, quien anteriormente utilizaba el nombre de Mónica Caballero Garci-Crespo pasó a identificarse como Olga Lucía Romero Garci-Crespo.
El cambio de nombre, por sí mismo, no acredita ninguna irregularidad. Lo que requiere explicación es lo que vino después.
En 2016 se promovió una sucesión intestamentaria y se obtuvo un albaceazgo provisional. En 2017 se intentó dejar sin efectos el testamento, pero la acción no prosperó. Posteriormente aparecieron nuevos juicios, carpetas penales y recursos que volvieron a colocar los mismos bienes y a los mismos integrantes de la familia bajo presión.
El patrón resulta más inquietante que cualquier episodio aislado: cuando una vía jurídica se cierra, otra institución abre una nueva puerta.
Durante el gobierno de Miguel Barbosa se impulsaron denuncias y carpetas, aunque públicamente se sostuvo que se trataba de un conflicto entre particulares. En la administración de Sergio Salomón Céspedes aparecieron actuaciones contra notarías, incluidas revocaciones que posteriormente fueron revertidas por la vía legal.
Ahora, durante el gobierno de Alejandro Armenta, el conflicto volvió a escalar mediante acciones penales y un operativo que terminó con la detención de Estela Romero.
Tres administraciones. Distintas autoridades. La misma disputa.
La pregunta no es si Olga Romero tiene derecho a acudir a los tribunales. Por supuesto que lo tiene. La pregunta es cuántas veces puede utilizarse la maquinaria institucional alrededor de una controversia privada antes de que el Estado deje de ser árbitro y comience a parecer parte interesada.
También debe aclararse por qué, pese a los distintos movimientos judiciales emprendidos durante más de una década, no existe una sentencia definitiva que reconozca a Olga como propietaria de la herencia que reclama.
Ha habido albaceazgos provisionales, órdenes, aseguramientos, investigaciones, revocaciones notariales y despliegues ministeriales. Pero varios de esos actos habrían sido suspendidos, revocados o dejados sin efectos.
La acumulación de expedientes no equivale a tener la razón.
Tampoco una carpeta penal puede sustituir una sentencia sucesoria, ni una relación política debería convertirse en ventaja procesal.
Olga Romero pasó de ser una integrante de la familia en busca de reconocimiento a convertirse en dirigente estatal del partido gobernante. Ese cambio modificó inevitablemente el peso político de sus gestiones. Desde entonces, cualquier reunión, llamada, denuncia o instrucción relacionada con su litigio dejó de ser estrictamente privada.
Por eso este asunto ya no puede analizarse solamente como un pleito familiar.
Debe revisarse quién recibió a Olga Romero en la Fiscalía; qué documentos entregó; quién ordenó abrir o reactivar carpetas; qué funcionarios intervinieron; qué jueces autorizaron medidas; qué notarías fueron presionadas; qué determinaciones terminaron revocadas y cuánto dinero público se ha destinado a perseguir una causa cuyos beneficios serían particulares.
También habrá que conocer los nombres de quienes operaron durante cada gobierno y determinar si actuaron por convicción jurídica, por instrucción política o por algún interés todavía no revelado.
Esta historia no termina con una infografía. Apenas comienza con ella.
En las siguientes entregas deberán aparecer los números de expediente, las fechas, las resoluciones, las reuniones, los servidores públicos y las firmas.
Porque el poder puede negar una instrucción.
Lo que difícilmente puede borrar es el rastro que deja en los documentos.
