¿Por qué medir con la misma vara el combate y la asociación con el narco?
Existen muchas dudas sobre el actuar del gobierno federal —desde Palacio Nacional hasta las oficinas de procuración de justicia— tras los recientes hechos ocurridos en Chihuahua y Sinaloa.
EL CONFESOR
Por Ismael Bermejo
En el Confesionario surge una pregunta inevitable: ¿los citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR) tienen verdaderamente sustento jurídico o responden a una estrategia con tintes políticos?
Y es que existen muchas dudas sobre el actuar del gobierno federal —desde Palacio Nacional hasta las oficinas de procuración de justicia— tras los recientes hechos ocurridos en Chihuahua y Sinaloa.
Intentar colocar en el mismo nivel a personajes señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en Sinaloa, estado gobernado por Morena, y a una gobernadora cuyo estado participó en operativos para desmantelar laboratorios de droga en Chihuahua, simplemente no parece tener lógica política ni jurídica.
Todo indica que los estrategas de la 4T encontraron en esta narrativa una salida ante una de las crisis más complejas que ha enfrentado el gobierno morenista. Sin embargo, el llamado “pueblo bueno y sabio” difícilmente comprará la idea de que ambos casos deban analizarse bajo el mismo criterio.
Porque no es lo mismo combatir al narcotráfico que ser señalado por presuntos nexos con él.
En este espacio editorial hemos señalado que Morena no ha logrado construir una narrativa sólida frente al caso Sinaloa, particularmente después de las acusaciones surgidas desde una corte de Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y ocho exfuncionarios más, por presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”.
Por eso llamó la atención que la FGR citara tanto a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como a Rubén Rocha Moya y al senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez.
Mientras unos son relacionados con investigaciones sobre presuntos vínculos criminales, otros aparecen ligados a acciones de combate contra estructuras del narcotráfico. Y ahí es donde muchos consideran que el discurso oficial comienza a perder credibilidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró recientemente que estos citatorios “no tienen nada de político”. El problema es que, a estas alturas, pocos parecen creerlo.
Más aún cuando esta decisión ocurre apenas días después de reuniones entre autoridades mexicanas y estadounidenses encabezadas por la mandataria federal. Y en política, pocas cosas ocurren por coincidencia.
Los citatorios contra Maru Campos, Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza parecen responder más a una estrategia para desviar la atención mediática y reducir el costo político que hoy enfrenta Morena por el caso Sinaloa.
Porque jamás será lo mismo combatir al narcotráfico que ser acusado de colaborar con él.
No es igual destruir laboratorios clandestinos que ser señalado por proteger estructuras criminales.
No es lo mismo la mano firme contra el narco… que la mano amiga.
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