¿Quién se quedó con las llaves?
La intención puede ser buena. La pregunta es si, entre tantos movimientos, también se fueron quienes conocían los pasillos, detectaban las trampas y sabían cuándo una ‘instrucción superior’ era auténtica… y cuándo alguien solamente estaba usando nombres importantes.
¿Quién se quedó con las llaves?
En el Poder Judicial de Puebla hicieron mudanza.
Pedro Antonio Martínez Hernández movió a más de 120 funcionarios con la promesa de romper redes de influencia y combatir la corrupción.
La intención puede ser buena. La pregunta es si, entre tantos movimientos, también se fueron quienes conocían los pasillos, detectaban las trampas y sabían cuándo una ‘instrucción superior’ era auténtica… y cuándo alguien solamente estaba usando nombres importantes.
Porque una cosa es renovar la casa y otra dejar las puertas abiertas.
Tehuacán merece especial atención.
Ahí fue enviado Venustiano Islas López, juez con antecedentes públicos que incluyen una suspensión de 15 días sin goce de sueldo y quejas laborales que anteriormente provocaron su cambio de adscripción.
¿Por qué Tehuacán?
¿Fue el mejor perfil disponible?
¿Quién recomendó su llegada?
El Consejo debería explicarlo antes de que las versiones terminen dando la respuesta.
En la misma estructura aparecen José Guillermo Valdez Luna y Marisol Mora Pérez.
Valdez fue cuestionado por intervenir en actuaciones jurisdiccionales mientras desempeñaba funciones administrativas. Marisol administra la operación de los juzgados de oralidad penal: personal, salas, audiencias y buena parte del movimiento interno.
Uno conoce los expedientes.
La otra controla la operación.
Y Venustiano resuelve.
No significa que exista una red. Pero la combinación, en una región donde se disputa una herencia multimillonaria, merece algo más que confianza ciega.
Ahí entra Olga Romero.
Quien mantiene un interés directo en ese conflicto sucesorio y alrededor de su causa se escucha con demasiada frecuencia la misma frase: ‘el asunto trae línea’.
¿De quién?
¿Del Consejo?
¿Del partido?
¿De algún funcionario?
¿O de nadie?
Tal vez Olga tenga poder. Tal vez solamente lo presume. Pero en ambos escenarios representa un foco rojo: si realmente conserva influencia, el Poder Judicial debe contenerla; y si únicamente utiliza nombres ajenos para impresionar, también debe detenerla.
No necesita controlar toda la institución.
Le bastaría con que un funcionario le creyera, otro quisiera quedar bien y un tercero encontrara negocio en el supuesto favor.
Ese es el verdadero riesgo para Pedro Antonio Martínez: que mientras intenta limpiar la casa, alguien esté comerciando con su nombre dentro de ella.
‘Lo pidió el presidente’.
‘La indicación viene de arriba’.
‘Ya está hablado’.
Frases pequeñas que pueden torcer expedientes enormes.
Por eso las cadenas de mando deberían mirar hacia Tehuacán. No cuando aparezca el escándalo, sino antes. Revisar quién habla con quién, quién transmite instrucciones, quién facilita accesos y por qué ciertos personajes fueron colocados en posiciones tan sensibles.
Pedro Antonio Martínez movió más de 120 piezas para desactivar viejas redes.
Ahora debe comprobar que no nació una nueva frente a sus ojos.
Porque alrededor de una herencia millonaria hay demasiados intereses, demasiados mensajeros y una dirigente política que necesita que alguien todavía crea que tiene poder.
La pregunta ya no es quién llegó al Poder Judicial.
La pregunta es quién se quedó con las llaves… y a quién piensa abrirle.
