Por Ismael Bermejo

En el Confesionario apoyamos la libertad de expresión y la impulsaremos siempre en cualquiera de sus formas, sobre todo cuando se trata de un tema tan sensible como la desesperación de las personas. Lo que resulta lamentable y no puede tolerarse bajo ninguna circunstancia es que, bajo este argumento, se vandalicen monumentos históricos, negocios, oficinas y viviendas en la ciudad.

Las integrantes de la colectiva denominada “Morras Sororas Histéricas e Históricas” tienen toda la razón y el derecho de manifestarse por una causa humana y dolorosa que lacera a la sociedad mexicana. La desaparición de una mujer o de un hombre está, sin duda, por encima de cualquier circunstancia.

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿era necesario dañar una fuente del siglo XVIII, considerada Patrimonio Cultural de la ciudad y símbolo arquitectónico para las y los poblanos? No entendemos la relación entre apoyar una causa tan legítima y, al mismo tiempo, destruir un bien histórico a martillazos y con pintura.

Más allá de que la fuente de San Miguel —con 248 años de existencia— haya sido la que resultó afectada, el verdadero tema es si se justifica este tipo de acciones. Insistimos: una piedra jamás tendrá el valor de una vida, pero existen distintas formas de manifestarse.

En el Confesionario nos sumamos siempre a las manifestaciones pacíficas, coherentes y con sentido, aquellas que realmente buscan visibilizar y apoyar a las y los poblanos desaparecidos.

El Gobierno del Estado fijó su postura al resaltar su respeto a la libre protesta y la expresión de las ideas:

“Las mujeres detenidas en el marco de la manifestación del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas están a disposición de la @FGRMexico, y no de la @FiscaliaPuebla.
El Gobierno del Estado está pendiente de sus garantías y de sus derechos humanos. Exhortamos a garantizar su integridad y un debido proceso con perspectiva de género.
En Puebla privilegiamos el diálogo con todas las organizaciones y expresiones de la sociedad”.

Las condiciones actuales entre el gobierno y los colectivos en Puebla exigen respeto a la diversidad de ideas, así como a la libertad de expresión y manifestación. Lo que no debe existir jamás son excesos que afecten a terceros o que dañen el patrimonio histórico y cultural.